1. Introducción
El espacio del aula ya no se limita a las cuatro paredes físicas de un centro educativo. La hiperconectividad de los adolescentes ha desplazado gran parte de sus interacciones sociales al entorno virtual, donde las dinámicas de socialización, pero también las de conflicto, se desarrollan a una velocidad vertiginosa. En este escenario, las cuentas «curis» —perfiles anónimos en plataformas de reproducción de vídeo vertical y redes fotográficas— se han convertido en herramientas frecuentes de señalamiento, sátira desmedida y humillación hacia los miembros de la comunidad escolar. Lejos de constituir simples bromas de carácter juvenil, estas prácticas suponen una agresión directa a la dignidad profesional del docente, menoscaban su autoridad y dañan el clima de convivencia indispensable para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (véase la Figura 1). Como respuesta ante esta situación, la comunidad pedagógica y los equipos directivos deben articular propuestas transversales que no solo sancionen la conducta punible, sino que eduquen de manera integral en la responsabilidad y el respeto mutuo dentro del entorno digital.

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Marco Teórico y Legal: La Autoridad Docente en el Entorno Virtual
La protección del profesorado frente a agresiones, insultos y campañas sistemáticas de ciberacoso no es únicamente una demanda de carácter ético o laboral, sino un imperativo recogido en nuestro marco legal vigente. El ordenamiento jurídico español reconoce explícitamente al personal docente la condición de Autoridad Pública en el ejercicio de sus funciones profesionales. Esto implica que los actos que supongan amenazas de gravedad o agresiones dentro del recinto escolar o con motivo de su actividad profesional pueden ser constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad regulado en el Código Penal.
No obstante, el vacío operativo suele manifestarse con mayor crudeza en el ámbito de la delincuencia digital o el acoso de baja intensidad en redes de mensajería y plataformas sociales, donde el anonimato dificulta la detección inmediata del infractor. Los informes anuales del servicio El Defensor del Profesor de ANPE revelan con datos objetivos que las faltas de respeto y los ataques cibernéticos se sitúan como una de las causas principales del síndrome de burnout y de la baja laboral por cuadros de ansiedad severa entre el funcionariado docente. Por tanto, la pedagogía institucional contemporánea tiene la obligación de incorporar la prevención del riesgo digital como un eje prioritario en el Plan de Convivencia y en los proyectos de gestión de centro.
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Propuestas de Intervención Didáctica y Organizativa
Con el propósito de combatir y desactivar estas conductas lesivas en las etapas de educación secundaria obligatoria, se establece una propuesta de actuación metodológica estructurada en tres niveles claramente diferenciados, tal como se sintetiza en la Figura 2:

A. Actualización del Reglamento de Régimen Interno (RRI)
Los centros educativos necesitan actualizar sus documentos institucionales para contextualizar y tipificar el acoso digital de forma explícita. La captación de imágenes o material audiovisual no consentido de los docentes o de los propios compañeros dentro de las instalaciones escolares, así como su posterior publicación en perfiles digitales, debe ser catalogada normativamente como una falta grave o muy grave en los reglamentos de convivencia. Esto faculta la aplicación inmediata de medidas correctoras de carácter formativo y disuasorio, tales como la realización de tareas socioeducativas específicas para la comunidad o la suspensión temporal del derecho de asistencia a clases.
B. Talleres de Huella Digital y Responsabilidad Penal
La experiencia empírica indica que el alumnado menor de edad incurre frecuentemente en estas conductas por una falta de percepción real del riesgo y de las repercusiones legales asociadas a sus actos, asumiendo la falsa premisa de que el anonimato informático los exime de cualquier culpa. Se propone la implementación de jornadas formativas periódicas desarrolladas en colaboración directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dentro del marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. En estas sesiones se instruye al alumnado sobre la trazabilidad técnica de las direcciones IP y las responsabilidades civiles o penales derivadas de los delitos de injurias y acoso tramitados a través de la Fiscalía de Menores.
C. Creación de la Figura de Alumnos Mediadores Digitales
La prevención adquiere un valor superior cuando es dinamizada por el propio grupo de iguales, ya que el mensaje preventivo es asimilado con mayor permeabilidad por los adolescentes si proviene de sus compañeros. Se plantea la formación de equipos de mediación compuestos por estudiantes de cursos superiores, quienes actuarán como observadores y ciberayudantes en el entorno virtual. Su función principal consiste en detectar de forma temprana la aparición de perfiles difamatorios, concienciar al grupo para evitar el consumo de estos contenidos y canalizar de forma confidencial la información hacia el departamento de orientación o el equipo directivo antes de que el conflicto escale.
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Conclusión
La preservación de la salud emocional y la autoridad del profesorado ante los desafíos de la era digital no puede recaer de manera exclusiva en la capacidad de resistencia individual de cada docente. La proliferación de las cuentas «curis» pone de manifiesto la necesidad urgente de dotar a los centros de protocolos institucionales ágiles que agilicen la retirada de contenidos perjudiciales y proporcionen asistencia jurídica inmediata. Paralelamente, la institución escolar debe guiar el uso de las tecnologías de la información hacia una competencia ciudadana ética y reflexiva. Solo mediante la acción coordinada de la normativa disciplinaria y la intervención pedagógica preventiva se podrá consolidar un entorno educativo seguro, saludable y cimentado sobre el respeto mutuo.
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Referencias Bibliográficas
- ANPE. (2025). Informe Estatal del Servicio del Defensor del Profesor. Curso 2024-2025. Sindicato Independiente ANPE.
- Jefatura del Estado. (2021). Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Boletín Oficial del Estado.
- Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Research Press.
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Bibliografía de Imágenes
- Figura 1: Sacristán, H. (2026). Dinámica del conflicto digital en el entorno escolar asociado a las cuentas «curis» [Diagrama]. Elaboración propia.
- Figura 2: Sacristán, H. (2026). Estrategia de intervención didáctica y organizativa en tres niveles [Esquema]. Elaboración propia.
Henar Sacristán de Paz